El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que, además de poner contra las cuerdas a los controladores aéreos fruto del posterior caos aeroportuario, privatizaba la ruinosa y mal gestionada Aena – Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Curiosamente como venían denunciando los controladores allá por el mes de febrero, sino antes, y contra lo que se manifestaron los empleados de la propia empresa.
Ahora, el Ministerio de Fomento está estudiando varias opciones respecto de esta venta. Una de ellas es sacar a Bolsa el capital privado que tendrá la red aeroportuaria que gestiona 47 aeropuertos. Parece ser que hay varias empresas muy interesadas en la concesión de dos de los grandes aeródromos españoles: Barajas en Madrid y El Prat en Barcelona.
Sea cual sea el resultado, parece casi seguro que será la opción que ya tenga determinada el Gobierno, como viene ocurriendo en este conflicto. La fecha que desde el ministerio en cuestión han puesto para que la nueva sociedad esté creada es el 28 de febrero para cerrar la privatización en un año más o menos. Para entonces el problema de los controladores deberá estar solucionado de una manera o de otra.
Como se trata de una privatización que ya viene estudiada con tiempo podría darse el caso de que fuera la venta de una empresa sin ‘bicho’. Eso explicaría que el Gobierno estuviera tan interesado en deshacerse de los controladores y no sacar nuevas plazas desde hace años. Y es que el gran problema, como ya han empezado a apuntar algunos profesionales, es la falta de controladores nuevos.
En ese caso, porqué Aena no se puso a formarlos a primeros de año en lugar de meter a los militares, pistola en mano, para obligar a los que están a hacer su trabajo en el peor de los ambientes. En ese supuesto, se trata de la venta de una empresa pública en la que presumiblemente no entran los controladores. Limpiar la casa antes de venderla.
En la privatización de Aena los grandes aeropuertos entrarán en una licitación pública para su gestión privada. Esto implica la decisión de todas las tarifas de explotación, excepto las de aterrizaje, pasajeros y seguridad que seguiría en manos de Aena. El resto de los aeropuertos se podrá regir por gestión directa o por sociedades filiales.
