Cierre completo del espacio aéreo español por baja masiva de los controladores aéreos

Esta tarde hablábamos inocentemente de los problemas que el clima podía provocar a los turistas, y nos encontramos con una baja masiva de los controladores aéreos españoles, hasta el punto de que el espacio aéreo español está cerrado. Según dicen el nuevo Decreto Ley anunciado por el Gobierno esta mañana y que entra mañana en vigor, les ha provocado tanta ansiedad que no pueden desempeñar su trabajo.

El daño al sector turístico va a ser considerable, pero también para el sector servicios y sin duda para la imagen de España. Las pérdidas económicas serán inmensas pero las personales no pueden medirse. No sólo hay personas sin vacaciones, hay viajes médicos, emergencias, trabajo, etc. 4,26 millones de casos. La repercusión de esta huelga descarada e ilegal, porque no pueden pretender que nos creamos lo de la baja, se está notando también en los aeropuertos europeos.

Los pasajeros afectados no tendrán más remedio que acudir a los tribunales para recuperar su dinero, ya que no es un problema de las compañías aéreas. Las aerolíneas tienen que ofrecer alojamiento y una llamada, y algunas voluntariamente ofrecen el cambio de vuelo. AENA está pidiendo que nadie se acerque al aeropuerto hasta saber si el vuelo saldrá. Cuando se pueda, los primeros serán los de larga distancia.

Tengan o no razón en sus reclamaciones, los controladores no tienen ningún derecho a bloquear un país. Son señores y señoras que entre otras cosas deben demostrar una aptitud psicológica determinada, que garantiza que son capaces de responder en situaciones de estrés. Quizá a quien de verdad habría que culpar es a quien les dió el certificado, porque si las bajas de hoy se deben al disgusto, claramente están incapacitados para ejercer. Pero ni hoy ni nunca.

El Gobierno ha dado de plazo hasta ahora mismo, las 21.30 para que regresen a su puesto y realicen sus funciones. En caso contrario los militares entrarán en las torres de control, aunque no sabemos que harán para convencerles de que se pongan a trabajar. Lo que sí parece es que se les podría acusar de un delito penal.

Su derecho a la huelga es el mismo que el de cualquier español, pero como todos los que trabajan en servicios públicos deben respetar escrupulosamente los servicios mínimos, que por cierto no son los únicos a los que se los ponen del 100 por ciento (veáse sanidad, por ejemplo).

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Foto | Jake’s Comedy Corner
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