Tras un cruce de acusaciones, el Ejecutivo español quiere zanjar el asunto de los controladores aéreos con una nueva amenaza. Viene a decir algo así: o entráis por el aro o le doy vuestro trabajo a otros. Un Gobierno representado personalmente en la figura de José Blanco y una aseveración en la que ha metido a otros actores en el drama: a los controladores aéreos militares.
Estos lejos de poder felicitarse con la decisión del responsable de Fomento han alzado la voz y han calificado sus palabras y precipitación de irresponsables. Varias asociaciones de Defensa han asegurado que ‘militarizar’ los puestos de gestión del tráfico aéreo civil no es la solución más adecuada y han advertido que la habilitación de sus controladores podría necesitar ‘semanas o meses’, no podría ser inmediata al no estar preparados.
Las Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) como la Asociación de Militares Españoles (AME) consideran que los controladores dependientes del Ejército podrían cubrir provisionalmente a sus homólogos en los aeropuertos civiles. No obstante, creen no hay tiempo para prepararles para hacer ese trabajo de manera inmediata como ha amenazado Blanco.
Y esta medida del ministro parece indicar que prefiere a los militares porque no tienen marco normativo y los puede manejar más a su antojo. De hecho, ‘no tienen la licencia europea de control’ exigida para gestionar el tránsito aéreo. Por otro lado y según los datos facilitados por Aume, las Fuerzas Armadas cuentan con 280 controladores de los tres Ejércitos «aunque no todos plenamente operativos» y algunos están destinados fuera de España.
Por su parte AME ha insistido en que, aunque los controladores militares podrían ser tan eficaces como los civiles, no sería posible habilitarlos ni en un día, ni en dos, ni en una semana. Aún así, el ministro insiste en que hacerlo sería ‘muy rápido’.
Ambas asociaciones coinciden que la solución al conflicto actual en el control aéreo no pasa ni por un real decreto, ni por militarizar el cuerpo de controladores civiles. Ambas creen que la vía por la que trata de ir el Ejecutivo español es un error y perjudicial para los ciudadanos.
Foto | Blog de Iñigo Landa
